El informe analiza las implicaciones y qué principios deben cumplir los centros docentes y las autoridades educativas para que el tratamiento de datos personales respete la normativa de protección de datos.

Contiene 10 actuaciones prioritarias y 35 medidas agrupadas en tres ejes: la colaboración regulatoria, el refuerzo para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia y el ejercicio de las potestades de investigación y sanción.